Responsabilidades en la gestión de Arce y Paz por el escándalo de ‘gasolina basura’
El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga sobre el caso conocido como ‘gasolina basura’, ha revelado que el informe de esta comisión señala posibles responsabilidades en funcionarios de las administraciones de Luis Arce y de Luis Fernando Paz.
Este documento será presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días, donde se decidirá el futuro de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos asociativos a su suministro.
En sus declaraciones, Alarcón mencionó específicamente a varias figuras, incluyendo al exmandatario Luis Arce Catacora, y a los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de los expresidentes de YPFB, Wilson Dorgathen y otro exejecutivo de la empresa estatal de hidrocarburos.
El legislador enfatizó que “hay responsabilidad de las dos gestiones presidenciales”, lo que indica que ambos gobiernos tienen que rendir cuentas por este asunto.
Uno de los aspectos más críticos del informe hace referencia al contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen, en el marco del gobierno de Arce. Alarcón sostiene que dicho contrato fue modificado en cuatro ocasiones durante el anterior gobierno y que la actual administración optó por extenderlo con una quinta enmienda firmada el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles.
El diputado cuestiona por qué se decidió ampliar este contrato en lugar de dejarlo expirar y buscar alternativas de venta de combustibles de calidad, considerando el aporte que esto podría haber tenido en un nuevo contexto de mercado.
Alarcón también subrayó que la prórroga del contrato mantiene su vigencia hasta el 30 de junio de 2026, justificada por la denuncia de que durante este tiempo continuó la provisión del combustible relacionado con el escándalo de la ‘gasolina basura’.
La importancia económica de este caso radica en que involucra a la principal empresa estatal del sector hidrocarburos, lo que afecta directamente al suministro de combustibles y, por ende, a la economía boliviana en general.
El diputado expresó su preocupación por el tiempo que el informe ha permanecido sin ser discutido, indicando que ha estado cerca de un mes en un estatus de inacción tras ser enviado a la Presidencia de la Cámara Baja.
Ahora, se espera que el pleno de Diputados evalúe las conclusiones de la comisión y determine si se deben establecer responsabilidades políticas o administrativas, además de considerar acciones adicionales en el marco de la investigación. Este caso pone nuevamente en el centro del debate la gestión en la importación y provisión de combustibles, un asunto crucial dado su impacto en el transporte, la producción, los precios de los alimentos y el bienestar de los consumidores.
