Productores de arroz del Beni exigen la derogación del decreto sobre diésel
Los arroceros de Bolivia, especialmente del oriente, han decidido unirse al reclamo por la abrogación del Decreto Supremo 5676, el cual ha modificado el esquema de precios del diésel, estableciendo un costo de Bs 18 por litro para los grandes consumidores, mientras que el resto mantiene un precio de Bs 9,80.
David Pérez, quien preside la Asociación de Productores Arroceros del Beni y representa al sector en Santa Cruz, manifestó que esta norma impacta negativamente a los pequeños productores, quienes se ven forzados a adquirir el combustible en el mercado negro a precios más altos.
"No podemos tener unos bolivianos que tengan un beneficio y otros otro beneficio, no es correcto", expresó Pérez en una entrevista con un medio local.
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) también solicitó la derogación del decreto y la "liberación" de la importación y comercialización de combustibles, recibiendo apoyo de otros sectores que comparten sus preocupaciones.
Pérez advirtió que la situación es insostenible y alertó que desde que se aprobó la norma, el precio del diésel en el mercado se ha disparado por encima de los Bs 18. Esto ha provocado un aumento considerable en el mercado negro, donde el diésel sobrepasa este precio.
"En los surtidores hay muchos revendedores que ofrecen llevar el combustible a las áreas de producción, pero a un precio mayor, a pesar de que lo adquieren a Bs 9,80", añadió Pérez, quien subrayó que esta situación perjudica a todos los productores.
Ante este panorama, los productores de arroz han comenzado a convocar reuniones para evaluar posibles medidas de presión. Ya se han realizado encuentros en diferentes localidades como Yapacaní, San Juan, Puente de la Amistad y San Julián, con planes de continuar en Guarayos y Casarabe.
El representante de los arroceros reconoció que, aunque actualmente existe un estado de excepción, están dispuestos a acatar las decisiones que se tomen en estas reuniones. Además, expresó que se sintieron sorprendidos por la falta de socialización de la norma por parte del gobierno, ya que mientras negociaban, el decreto fue publicado sin previo aviso.
