Nuevo acuerdo vial con Brasil reaviva controversia sobre tierras y deforestación en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz fue el encargado de liderar el acto de firma de dos acuerdos con autoridades de Mato Grosso, Brasil, el pasado viernes en San Ignacio de Velasco. Estos convenios contemplan un estudio para la creación de un corredor vial de 129 kilómetros hacia la frontera en Marfil, así como la autorización de vuelos entre Cuiabá, San Ignacio de Velasco y el aeropuerto Viru Viru.

En la ceremonia estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, el ministro de Desarrollo Rural, Óscar Mario Justiniano, el gobernador Juan Pablo Velasco y una delegación brasileña compuesta por alcaldes de diez municipios fronterizos y representantes del Comité de Integración Brasil-Bolivia. Cabe recordar que en enero, el Ministerio de Obras Públicas ya había mantenido reuniones con empresarios del agronegocio brasileño en el marco de la cumbre “Ruta del Corazón de Sudamérica”, donde se discutieron proyectos viales similares.

Según el medio brasileño InfoMoney, la comitiva que asistió al evento movilizó más de 20 aeronaves privadas, liderada por Erai Maggi, fundador del Grupo AMAGGI. Aunque su nombre no fue mencionado en las coberturas bolivianas, el reporte brasileño indica que este empresario tiene un interés directo en el proyecto, que podría contar con financiamiento del BNDES, gracias a un acuerdo de intención ya firmado por el ministro de Agricultura de Brasil para esta carretera.

En relación a las denuncias sobre compras de tierras, se ha reportado que Maggi habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, superando el límite constitucional de 5.000 hectáreas para la propiedad agraria individual. Sin embargo, la empresa Bom Futuro ha desmentido tener inversiones en Bolivia, atribuyendo cualquier compra a decisiones personales de Maggi.

La Revista Nómadas ha planteado la posibilidad de que la operación incluya el predio INPA, un área de 30.019 hectáreas de bosque en Concepción, donde se ha documentado la pérdida de 127.988 hectáreas de bosque entre 2012 y 2023. Un caso similar se ha observado en el Beni, donde la familia Marchett, con historial de eludir límites de tierra en Colombia, está promoviendo un proyecto de 60.000 hectáreas, que incluye campos experimentales de soya y caña.

Investigadores citados por la misma publicación advierten sobre un patrón más amplio en la región. El politólogo Mariano Turzi ha acuñado el término “República de la Soja” para describir cómo el capital agroindustrial reconfigura el territorio sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Por su parte, la socióloga Marielle Palau ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que Bolivia replique el modelo paraguayo, caracterizado por la concentración de tierras en manos de unos pocos.

Frente a estas preocupaciones, la diputada María René Álvarez ha cuestionado la falta de control estatal sobre la deforestación en San Ignacio de Velasco y ha sugerido una revisión de las normativas que facilitan las quemas y desmontes.

El periodista Stasiek Czaplicki Cabezas, el 31 de julio, hizo una denuncia pública en la que cuestionaba la naturaleza de los acuerdos firmados, sugiriendo que la delegación brasileña no solo estaba allí para discutir infraestructura, sino también para establecer las bases de una nueva oleada de inversión agropecuaria. Czaplicki resumió su crítica con una pregunta inquietante: ¿a quién beneficia el gobierno de Rodrigo Paz, a los habitantes de estas tierras o a aquellos que llegan con capital y proyectos expansivos?

Por otro lado, Czaplicki también mencionó un caso de incautación de oro que puede servir como contexto sobre algunos actores del agronegocio brasileño. El 22 de julio, en Viru Viru, se confiscaron 189,5 kilogramos de oro sin la autorización correspondiente, que se pretendían enviar a Dubái en una aeronave ligada a Valdir Zorzo, empresario del Grupo Dallas. La empresa negó cualquier relación con el vuelo y el único detenido es un joven de 22 años que fue enviado a prisión preventiva.

Aún no se ha recibido una respuesta del Ministerio de Obras Públicas sobre el informe de InfoMoney. San Ignacio de Velasco, que alberga aproximadamente el 6,2% de los bosques del país, es considerado uno de los principales focos de deforestación de Bolivia. Los estudios técnicos sobre el corredor vial se llevarán a cabo en los próximos meses para determinar si el proyecto avanza hacia su ejecución.