Frontera Segura, un reto conjunto entre Bolivia y Brasil
En un esfuerzo conjunto para enfrentar el narcotráfico, las autoridades de Bolivia y Brasil se reunieron en Guayaramerín el jueves 13 de agosto para formalizar el plan Frontera Segura. Este acuerdo busca frenar la actividad de bandas criminales que operan en ambos lados de la frontera.
La firma del acuerdo ocurrió en un contexto de alarmante violencia, con 10 asesinatos reportados en San Matías, Santa Cruz, en menos de una semana. Las autoridades bolivianas vinculan estos asesinatos a disputas por el control del tráfico de drogas, implicando a grupos brasileños como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando de la Capital, ambos considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos.
El plan Frontera Segura contempla mejorar la colaboración e intercambio de información entre la Policía Boliviana y las fuerzas de seguridad brasileñas. Posterior a la firma, se anunció el despliegue de más de 350 efectivos para patrullar y controlar la frontera, buscando así un mayor control sobre la situación.
A pesar de estas medidas, la violencia continuó. Solo 11 días después del acuerdo, dos bolivianos fueron asesinados en Guayaramerín, uno de ellos recibió más de 40 impactos de bala con armas de alto calibre en plena calle. El mismo día, un brasileño fue herido de muerte en Arroyo Concepción, lo que demuestra la persistencia del crimen organizado.
Informes de inteligencia indican que entre 100 y 150 miembros de grupos brasileños de narcotráfico operan en Bolivia. Estos grupos tienen presencia en el 67% de los municipios de la región amazónica, afectando especialmente a Beni y Santa Cruz.
Recientemente, Bolivia ha sido señalada como refugio para narcotraficantes internacionales, como el uruguayo Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos, quien se había ocultado en Santa Cruz antes de su captura. También se reportó la detención y expulsión de Lourival Máximo da Fonseca, un conocido narcotraficante que residía en Bolivia desde hace diez años.
Las autoridades bolivianas enfrentan el desafío de fortalecer sus acciones contra el narcotráfico para evitar que el país se convierta en un santuario para el crimen organizado internacional, especialmente en un contexto de creciente violencia en la frontera.
