Gobierno considera prorrogar estado de excepción por bloqueos en el país
El Gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, ha expresado la posibilidad de extender el estado de excepción en respuesta a los continuos bloqueos y las amenazas de nuevas manifestaciones en contra del Decreto Supremo 5676, el cual regula el precio y la subvención de los combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si estas acciones de protesta que obstaculizan la circulación continúan, el Ejecutivo evaluará la extensión de esta medida excepcional. Según las autoridades, esta estrategia tiene como objetivo prevenir la repetición de conflictos que se vivieron en mayo y junio, cuando los bloqueos afectaron el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos.
La situación actual y el debate político
A pesar de la posibilidad de una ampliación, el vocero del Gobierno, José Luis Gálvez, aclaró que no es una prioridad inmediata en este momento. Gálvez enfatizó que el estado de excepción sigue en efecto y que es crucial que se respeten las restricciones impuestas, así como la aplicación de sanciones a quienes intenten bloquear las carreteras.
Este estado de excepción fue establecido por Paz mediante el Decreto Supremo 5636 el 20 de junio y tiene una duración de 90 días, lo que significa que estará vigente hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier ampliación necesitaría la aprobación de la Asamblea Legislativa, según lo señalado por expertos en derecho constitucional.
La discusión ha cobrado fuerza a raíz de que varios sectores han reanudado bloqueos y anunciado nuevas protestas. Entre los puntos críticos se encuentra el puente San Pablo en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores llevan tres días en protesta, demandando, entre otras cosas, la liberación de personas detenidas.
Desde la oposición y algunos legisladores, han surgido críticas hacia el Gobierno, sugiriendo que debería primero implementar el estado de excepción actual antes de considerar su prórroga. Por su parte, el oficialismo ya está impulsando una propuesta para extenderlo por seis meses, citando la posibilidad de nuevos conflictos sociales.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que el estado de excepción es una herramienta temporal y que, por sí sola, no aborda las causas profundas de la conflictividad. Hizo un llamado a priorizar el diálogo y a atender las demandas que podrían desencadenar en nuevas protestas.
