Alerta en el Sistema Financiero: Nueva Medida del Gobierno Genera Preocupaciones
El reciente Decreto Supremo 5693, emitido por el Gobierno de Rodrigo Paz, establece una serie de medidas excepcionales para las entidades financieras que, al 31 de julio de 2026, enfrentan problemas en su solvencia debido a la situación económica actual. Esta normativa busca prevenir un deterioro mayor en el sector y asegurar la continuidad de los servicios financieros.
Lo que más ha llamado la atención es la decisión de hacer uso temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con el 6% de las ganancias netas de los bancos múltiples y PYME. Este fondo originalmente tenía el propósito de facilitar el acceso al financiamiento, especialmente en áreas como la vivienda social y los créditos productivos.
Con el nuevo decreto, el fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades que se encuentren en problemas de solvencia, con una validez de hasta 90 días. De este modo, los recursos que debían ser utilizados para garantizar el acceso a créditos ahora se redirigirán temporalmente hacia el fortalecimiento del patrimonio de los bancos.
Esta situación plantea un interrogante crucial: si hay bancos que necesitan recurrir a mecanismos extraordinarios para mejorar su solvencia, ¿qué tan grave es la situación del sistema financiero en general? Aunque la medida no implica necesariamente que haya una crisis bancaria inminente, sí sugiere que hay problemas que deben ser atendidos con urgencia, lo que requiere mayor información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno.
La implicación política y social de esta norma es clara: los recursos destinados a facilitar el acceso a vivienda y a créditos productivos ahora también podrían ser utilizados para respaldar a bancos en problemas. Históricamente, estos fondos han estado orientados a ayudar a los ciudadanos a acceder a vivienda de interés social, a veces incluso cubriendo parte del aporte que exigen las entidades financieras.
La gran pregunta que queda es si el Gobierno realmente está intentando proteger al sistema financiero para evitar una crisis más severa, o si, por el contrario, está sacrificando recursos que deberían ser utilizados en vivienda y producción para solucionar los problemas de solvencia de los bancos.
