Cuatro décadas después de Huanchaca, el narcotráfico en Bolivia se intensifica
El triple asesinato de Noel Kempff Mercado y sus acompañantes en 1986 reveló al país la existencia de una estructura narcotraficante capaz de operar en la selva y atentar contra quienes se interpusieran. En la actualidad, Bolivia lidia con un narcotráfico más complejo, caracterizado por redes descentralizadas dedicadas a la producción, tráfico y lavado de dinero.
Según el experto en derecho penal y exfiscal Joadel Bravo, la principal preocupación es la posibilidad de que el narcotráfico se transforme en un poder paralelo que controle aspectos económicos, territoriales e institucionales en Bolivia, abriendo así el camino hacia un narcoestado.
En 1986, el crimen fue perpetrado en la meseta de Caparuch, donde funcionaba una fábrica de cocaína. Aunque dos brasileños fueron condenados, los autores intelectuales y propietarios nunca fueron identificados. La situación se agravó cuando el diputado Edmundo Salazar Terceros, que estaba investigando la masacre, fue asesinado dos meses después, sin que se hiciera justicia.
A lo largo de los años, Bolivia ha incrementado su capacidad de respuesta ante el narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reportó que en el último año se llevaron a cabo 7.546 operativos, resultando en la aprehensión de 2.187 personas y la incautación de 16,29 toneladas de cocaína, además de la destrucción de 446 fábricas.
Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, señala que el país ha avanzado de la producción de hoja de coca a ser un centro de procesamiento de cocaína y ruta de tráfico internacional, en un contexto donde también proliferan el contrabando y la minería ilegal. Esto ha sido facilitado por la debilidad del control estatal y la infiltración de grupos criminales en las instituciones.
Santa Cruz ha cobrado relevancia como un punto estratégico debido a su proximidad a Brasil y Paraguay, convirtiéndose en un refugio para narcotraficantes. La captura de Sebastián Marset evidenció la capacidad de los narcotraficantes para operar con un alto nivel de seguridad y logística. El viceministro Ernesto Justiniano advirtió que por cada Marset aprehendido, hay otros que están surgiendo.
La violencia asociada al narcotráfico ha incrementado, con un promedio de 46 muertes en 37 ataques de sicariato reportados hasta principios de septiembre. Aunque no todos estos crímenes están vinculados al narcotráfico, muchos parecen estar relacionados con ajustes de cuentas entre organizaciones.
Para Bravo, el cambio en la naturaleza del narcotráfico en Bolivia es notable. Mientras que en 1986 el país descubrió la existencia de poderosos barones de la droga, hoy se enfrenta a una criminalidad más fragmentada y globalizada que busca dominar territorios y mercados. La interrogante que dejó el caso de Huanchaca—sobre quiénes eran los verdaderos responsables—sigue sin respuesta, mientras el desafío actual radica en desmantelar las redes de protección que sostienen a estas estructuras criminales.
