Álvaro Ríos solicita rapidez a la ANH para facilitar la importación privada de combustibles
La Asociación de Surtidores (Asosur) ha denunciado que los requisitos y procedimientos burocráticos impuestos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) están obstaculizando la incorporación de más de 55 estaciones de servicio que tienen autorización para importar carburantes. Se ha señalado que se requieren trámites repetitivos, como la entrega de planos que ya posee el propio ente regulador.
En este contexto, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que "esto refleja que el sistema energético en Bolivia está en crisis". Añadió que "no se trata solo de YPFB, sino también de la ANH, que actualmente carece de un director y un presidente ejecutivo, y no hay un reemplazo disponible".
Ríos destacó la lentitud en la toma de decisiones dentro de la ANH, indicando que "con la falta de liderazgo, la situación puede empeorar" en cuanto a la provisión de combustible en el país. Por ello, hizo hincapié en la necesidad urgente de que la ANH agilizara los trámites para la emisión de los permisos requeridos.
El exministro también abordó las complicaciones administrativas que enfrentan las estaciones de servicio privadas para comercializar combustibles importados, comentando que "la burocracia es excesiva debido a la voluntad del aparato estatal". Además, mencionó los requerimientos de inspección que obligan a las estaciones a realizar adecuaciones en sus tanques y señalización.
Ante la persistente escasez de combustible que sufren los usuarios en el país, Ríos instó a las autoridades a que actúen con rapidez, señalando que "pido al Ministerio de Hidrocarburos y a la ANH que se muevan rápidamente en este asunto". Resaltó que acelerar los procedimientos es crucial para que el Estado esté abastecido y evitar mayores pérdidas en la cadena productiva.
La demora en la autorización de permisos continúa afectando gravemente la economía nacional. Ríos subrayó que "cada día que los ciudadanos carecen de gasolina y diésel, estamos perjudicando la economía del país". Finalmente, reafirmó el compromiso de los surtidores privados, concluyendo que "el sector privado está dispuesto a colaborar, pero el gobierno no facilita esa colaboración".
