Denuncias de abusos sexuales en la Colonia Piraí sacuden a la iglesia en Bolivia
La Colonia Piraí, situada en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, fue establecida en 1973 como un refugio para niños en situación de vulnerabilidad, aunque en la actualidad funciona como un instituto técnico agropecuario. Fundada por el sacerdote español Miguel Parrilla junto a los hermanos jesuitas Rafael y Álvaro Puente, esta finca de más de 100 hectáreas ha sido el escenario de graves denuncias de abuso sexual en contra de su director por parte de cinco exalumnos.
Los denunciantes, miembros de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, relatan que estos abusos ocurrieron entre 1970 y 1980, cuando eran niños de entre 7 y 13 años. En conversaciones con EL PAÍS, han compartido detalles sobre la relación que tenían con Parrilla y cómo este, según sus testimonios, aprovechaba su posición de poder para cometer los abusos por la noche, tras ingresar a sus camas.
Los exinternos han intentado hacer llegar sus acusaciones al Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra, sin recibir una respuesta satisfactoria. En una carta enviada el 4 de marzo de 2020, un obispo auxiliar sugirió que cada caso debería ser resuelto de manera individual, algo que ha frustrado a los denunciantes.
Alejandro Álvarez, uno de los denunciantes, recuerda cómo Parrilla abusaba de él y de otros niños en la casa denominada 8 de Octubre, un espacio regido por el sacerdote. A través de su relato, se describe un ambiente de temor y manipulación en el que el cura, tras realizar los abusos, ofrecía regalos y dinero a sus víctimas como forma de silencio.
Otro de los denunciantes, Raúl Ortiz, también comparte su experiencia traumática, donde el abuso era sistemático y se producía en el mismo dormitorio donde dormían otros niños. Según él, Parrilla tenía un control absoluto sobre los internos y utilizaba su posición para perpetuar los abusos.
Además de Parrilla, otro seminarista que estuvo en la Colonia Piraí, Fernando Rojas, también habría abusado de algunos niños, según relatan los denunciantes. Rojas, quien ocupó cargos importantes en la Conferencia Episcopal Boliviana, no ha dado respuesta a las acusaciones, a pesar de los intentos por comunicarse con él.
Las denuncias han resurgido con fuerza tras las declaraciones del papa Francisco en 2019, quien pidió que la Iglesia aplique una política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales. Esto ha motivado a las víctimas a alzar su voz y denunciar lo que vivieron en un lugar que debió haber sido un refugio seguro.
Álvaro Puente, uno de los fundadores que aún vive, ha rechazado conocer casos de abuso en la institución. Sin embargo, los denunciantes consideran que él y su hermano Rafael, fallecido el año pasado, tienen responsabilidad en el encubrimiento de lo que sucedía bajo su mando.
