Empresarios bolivianos aprecian medidas económicas pero piden protección para sectores vulnerables
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado el domingo en el que reconoce las recientes acciones del gobierno para estabilizar la economía, aunque también expresa su preocupación por los riesgos de una posible contracción económica. La organización empresarial exige reformas que faciliten la atracción de inversiones y refuercen a las empresas, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables.
El pronunciamiento de la CEPB señala que "el ajuste económico no debe resultar en un aumento de la pobreza ni en un deterioro de las condiciones de vida de las familias bolivianas". Destacan la importancia de las medidas adoptadas por el gobierno, incluyendo un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual se considera esencial para implementar reformas que promuevan la estabilidad financiera a mediano plazo.
Además, los empresarios expresaron su apoyo a la eliminación de la subvención del diésel, argumentando que esto contribuirá a la transparencia en los precios de los combustibles y a la lucha contra el contrabando. También respaldan la extensión del Estado de excepción, que tiene como objetivo mantener el orden público y garantizar la circulación libre frente a bloqueos que afectan el normal abastecimiento de productos esenciales.
La CEPB enfatiza la urgencia de que Bolivia transite de la estabilización a la recuperación y del ajuste al crecimiento económico. Para lograr esto, proponen que se priorice la aprobación de reformas a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, así como ajustes al Código de Comercio y el Código Tributario, con el fin de atraer inversiones y generar un marco de seguridad jurídica que favorezca el desarrollo.
Por último, la CEPB sostiene que es fundamental una coordinación efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo para abordar la crisis actual, poniendo por encima de todo los intereses del país. La estabilidad de las pequeñas y medianas empresas debe ser considerada una prioridad nacional para evitar un escenario de cierre de negocios y pérdida de empleo, lo que podría llevar a una crisis económica generalizada.
