Roger Mariaca pierde su visa estadounidense tras acusaciones de corrupción
La visa del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha sido cancelada por el Gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de estar involucrado en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría aprovechado su posición para recibir sobornos que facilitarían las operaciones de narcotraficantes y ayudarían a criminales a evadir la justicia.
Esta revocación es parte de una política migratoria más amplia de EE.UU. que busca poner restricciones a funcionarios y exfuncionarios de varios países de la región, señalados por corrupción o vínculos con el narcotráfico. En total, 12 ciudadanos bolivianos con visas vigentes se han visto afectados, incluyendo a Mariaca, al exministro de Justicia Iván Lima, fiscales, jueces, el magistrado constitucional Israel Campero y el coronel de la Policía Frans William Cabrera Quispe. Además, otros nueve bolivianos que no poseían visa vigente han sido declarados inelegibles para obtenerla.
La acusación contra Mariaca resalta que sus acciones amenazan los esfuerzos del presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo, afectando también a las instituciones democráticas que Bolivia intenta fortalecer en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Esta medida también incluye a los familiares directos del fiscal general.
En respuesta a las acusaciones, Mariaca ha rechazado los señalamientos, considerándolos como un posible intento de presión política y una injerencia en los asuntos bolivianos. Desde Sucre, el fiscal general expresó su respeto por la soberanía de EE.UU., a la vez que solicitó el mismo respeto para la independencia de las instituciones en Bolivia. Defendió las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, incluyendo el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, subrayando que ninguna presión, ya sea nacional o internacional, detendrá su trabajo.
Investigar no significa condenar; corresponde a las instituciones establecer los hechos y que las pruebas determinen responsabilidades.
Es importante señalar que la decisión de EE.UU. es una medida migratoria y no implica una sentencia judicial contra Mariaca. Las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado son parte de la justificación de esta restricción.
