Desvíos de gas licuado alertan al Gobierno sobre mafias operativas
El Gobierno de Bolivia ha señalado que las mafias dedicadas al desvío de productos han comenzado a afectar el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprovechando las diferencias de precio con el mercado peruano. Mientras que una garrafa de GLP se vende a 22,50 bolivianos en el país, en Perú su costo supera los 100 bolivianos, lo que ha incentivado el contrabando.
Los ministros Óscar Mario Justiniano y Marcelo Blanco denunciaron que estos desvíos son facilitados por la complicidad de algunos funcionarios, lo que ha llevado a la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Durante los operativos se han confiscado garrafas de GLP, con un enfoque especial en ciudades como La Paz y El Alto, donde se ha reforzado la vigilancia con apoyo policial.
Datos sobre los decomisos y el contexto
- 659 garrafas de GLP decomisadas en total.
- 223 garrafas confiscadas en la Terminal Interdepartamental de El Alto.
- 10.781 placas de vehículos bloqueadas por irregularidades en la carga de gasolina.
Justiniano enfatizó la importancia de estos controles para evitar que las garrafas lleguen a mercados ilegales y desmintió rumores sobre un posible aumento en el precio del gas. A pesar de ello, también reconoció que la semana pasada hubo una disminución en el suministro a los distribuidores, un problema que ya ha sido solucionado, según afirmó.
"Las mafias siguen presentes"
El control no solo se limita al GLP, sino que también se está vigilando la gasolina. Hasta el 18 de octubre, se habían confiscado 14.097 litros de gasolina, de los cuales 13.000 litros fueron encontrados en un acopio ilegal en Sucre. Los operativos han revelado que algunos vehículos que funcionan con GNV están siendo utilizados para revender gasolina.
Como parte de la intervención, se han implementado cambios en los trámites administrativos para la autorización de estaciones de servicio, permitiendo que 22 de ellas puedan importar combustible. Las autoridades han anunciado que se espera una reorganización en el regulador del sector, con recomendaciones que saldrán de una consultora y una comisión interventora.
