Nuevas restricciones de EE.UU. sacuden la política boliviana
El Departamento de Estado de los Estados Unidos amplió su lucha contra la corrupción y el narcotráfico, anunciando nuevas sanciones que incluyen la restricción de visas para 40 individuos en Bolivia. Esta medida, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se presenta apenas 25 días después de una acción similar que se dio a conocer el 28 de septiembre.
La lista de personas afectadas incluye a dos diputados nacionales, jueces, fiscales y exfuncionarios policiales. La publicación de estos nombres ha provocado reacciones inmediatas en Santa Cruz, donde se han exigido renuncias y se ha cuestionado la legitimidad de las acusaciones de corrupción y narcotráfico.
Contexto de la medida estadounidense
Rubio destacó que esta acción forma parte de una campaña regional más amplia, reafirmando los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral de marzo y en la declaración del 22 de septiembre sobre la iniciativa Escudo de las Américas. El objetivo es sancionar a aquellos que, a través de la corrupción o el narcotráfico, amenazan la democracia en los países de la región.
- Rafael Darío López Mercado (diputado, Libre)
- Rolando Santos Pacheco Chávez (diputado, Alianza Popular)
- Juan Lanchipa (exfiscal general)
- Aldo Ismael Quezada (presidente del TDJ de Santa Cruz)
- Julio Nelson Alba (juez)
Las consecuencias de este anuncio han sido rápidas. El expresidente Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, han solicitado la separación de López de su cargo, argumentando que la corrupción y el narcotráfico perjudican al país. Por su parte, la gobernadora interina, Paola Aguirre, pidió la renuncia de los diputados mencionados.
López y Pacheco han rechazado las acusaciones, defendiendo su honor y asegurando que están dispuestos a colaborar con cualquier investigación. En el ámbito judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, ha solicitado la renuncia de Quezada y Alba. Pocas horas después, Quezada presentó su renuncia irrevocable a su puesto.
La Fiscalía General del Estado ha desvinculado a 60 funcionarios que trabajaron durante la gestión del exfiscal Mariaca, varios de los cuales también están incluidos en la lista estadounidense. Este contexto ha generado un reclamo del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien exige transparencia y pruebas sobre las sanciones impuestas desde EE.UU.
