Crisis en el gobierno chileno tras la reducción de penas a condenados por delitos sexuales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, admitió este lunes que su gobierno cometió un grave error al reducir las penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales, en su mayoría contra menores. Durante un mensaje desde La Moneda, Kast subrayó que no se puede justificar la salida anticipada de los agresores, especialmente frente a las víctimas.

Entre los beneficiados por esta decisión se encontraron al menos dos individuos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Kast lamentó que el Estado haya fallado a las víctimas, que resienten la revictimización por esta medida.

A pesar de asumir la responsabilidad por la crisis que esto generó, Kast decidió mantener en su puesto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien fue el encargado de firmar los decretos que rebajaron las penas y que inicialmente defendió la decisión. El presidente argumentó que Rabat está trabajando para rectificar la situación.

Las rebajas de condenas se implementaron entre marzo y septiembre de este año, a pesar de que una ley aprobada en 2022 prohíbe este tipo de beneficios a los condenados por delitos sexuales. El ministro Rabat justificó su actuación en base a normas constitucionales, aunque su defensa fue cuestionada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

La controversia ha levantado una ola de críticas hacia Kast, quien llegó al poder prometiendo proteger a la infancia y combatir el crimen. Según encuestas recientes, el 66% de la población desaprueba su gestión, y un 92% se opone a las reducciones de penas otorgadas a los condenados.

En respuesta a la presión pública, Kast anunció que presentará un proyecto de ley para cerrar el vacío legal que propició la situación, además de suspender la emisión de nuevos decretos que reduzcan penas mientras se examine el tema en el Congreso.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por corregir el error, expertos legales advierten que revertir las reducciones de pena puede ser complicado, dado el principio de irretroactividad de la ley en el ámbito penal, lo que podría impedir que se anulen los beneficios otorgados a los condenados.

La situación ha puesto aún más presión sobre el liderazgo de Kast, quien se enfrenta a la difícil tarea de restaurar la confianza de la ciudadanía y garantizar que errores como este no se repitan en el futuro.

"A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló".