Ecuador implementa cuarto toque de queda en medio de crisis de seguridad
Ecuador ha iniciado desde la madrugada del domingo su cuarto toque de queda del año, con el objetivo de enfrentar los altos índices de criminalidad que afectan al país. Esta medida abarca cinco de las veinticuatro provincias, incluyendo Guayaquil, la ciudad más poblada.
Las restricciones de movilidad estarán vigentes entre las 0.00 y las 5.00 horas locales, desde el 1 hasta el 10 de noviembre, afectando a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Estas regiones son conocidas por su elevado nivel de criminalidad, especialmente en relación con el narcotráfico.
Durante el toque de queda, solo se permitirá la circulación de vehículos de emergencia. El presidente Daniel Noboa ha declarado que esta medida busca proteger a los ciudadanos de las "operaciones especiales" que llevarán a cabo las fuerzas del orden para desmantelar a grupos delictivos.
Este toque de queda se produce en un contexto de crisis de seguridad, tras un año en el que Ecuador alcanzó un récord de 9.283 homicidios en 2025, lo que representa más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
La implementación de este toque de queda se da a solo cuatro semanas de las elecciones locales programadas para el 29 de noviembre, donde se elegirán autoridades como prefectos y alcaldes, en un intento del oficialismo por recuperar el control de ciudades clave como Quito y Guayaquil.
Cabe mencionar que este periodo de restricciones coincide con uno de los puentes festivos más largos, que se extenderá del 31 de octubre al 3 de noviembre, durante la celebración del día de difuntos y la independencia de Cuenca.
Desde 2024, Noboa ha declarado sucesivos estados de excepción, en un contexto donde ha calificado a Ecuador como un país en "conflicto armado" y ha etiquetado a las bandas criminales como grupos terroristas. Durante estos estados, se suspenden ciertos derechos fundamentales.
Para fortalecer su lucha contra el crimen organizado, el Gobierno ecuatoriano ha estrechado la colaboración con la administración de Donald Trump, enfocándose en seguridad y operaciones contra el narcotráfico, que han incluido ataques a embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas.
