Analista Identifica Seis Incongruencias en el Proyecto de Ley de Inversiones

Omar Rilver Velasco Portillo, analista de políticas públicas, ha realizado un análisis crítico del nuevo proyecto de Ley de Inversiones promovido por el Gobierno. En su evaluación, Velasco identifica seis puntos que generan dudas y contradicciones, poniendo en entredicho la eficacia de la norma.

Uno de los aspectos que más cuestiona es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), así como el plazo de 120 días establecido para la elaboración del Plan de Inversiones. Se pregunta cuáles serán las funciones específicas de esta agencia durante dicho lapso, sugiriendo la posibilidad de una falta de claridad en su rol.

El analista también señala que los incentivos económicos, financieros y jurídicos ofrecidos a empresas transnacionales no incluyen obligaciones mínimas en cuanto a la inversión, la creación de empleos, la transferencia de tecnología o el retorno de divisas al país. Esto podría llevar a una situación desfavorable para la economía nacional.

Otro de los puntos críticos que menciona son las exenciones tributarias, que abarcan beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas medidas podrían resultar en una disminución preocupante de los ingresos fiscales, y no se especifican mecanismos claros que compensen esta reducción.

Además, señala el riesgo de que empresas extranjeras puedan transferir utilidades y dividendos al exterior sin que la norma imponga requisitos mínimos de reinversión en Bolivia, ni garantice el retorno de los dólares generados por las exportaciones, lo cual podría afectar la balanza de pagos del país.

Por último, Velasco critica la manera en que la norma contempla la participación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión, sugiriendo que se estaría permitiendo una ratificación de contratos negociados por el Ejecutivo. Esto contradice las atribuciones que la Constitución otorga a la Asamblea respecto a los contratos estatales.

Finalmente, el analista expresa su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno utilice recursos públicos para financiar programas de crédito, garantías y coinversión en el sector privado, algo que resulta cuestionable dada la situación de déficit fiscal que enfrenta Bolivia.