Bolivia busca aprobación para 1.900 millones de dólares del FMI

El proyecto de ley que autoriza la solicitud de 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha sido presentado formalmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y se encuentra en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Este proceso es crucial para el programa económico implementado por el Gobierno de Rodrigo Paz, en medio de presiones crecientes de distintos sectores que critican el impacto de las reformas en el precio del diésel y la crisis de abastecimiento de combustibles.

El acuerdo, que fue alcanzado técnicamente el 29 de julio, implica un financiamiento de 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a aproximadamente 1.900 millones de dólares, en un programa que se extiende por 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI. Sin embargo, su aprobación depende de la autorización por parte de la Asamblea y del Directorio Ejecutivo del FMI.

Rodrigo Antonio, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, confirmó que el proyecto fue leído en sesión y ahora corresponde a la Comisión de Planificación su análisis. Este financiamiento tiene como objetivo respaldar un programa integral de reformas económicas.

El presidente Paz ha señalado que la aprobación del préstamo facilitaría nuevas fuentes de financiamiento y podría generar recursos adicionales de organismos como el Banco Mundial y el BID. El FMI indica que el acuerdo podría movilizar más de 5.000 millones de dólares durante los 36 meses, sumando contribuciones de otros socios de desarrollo.

Uno de los propósitos principales del Gobierno es fortalecer las Reservas Internacionales y mejorar la disponibilidad de divisas en un contexto en que el mercado cambiario está transitando hacia un esquema más flexible. El ministro de Economía, Christian Morales, aseguró que estos recursos asegurarán un flujo sostenido de dólares en el mercado, ayudando a estabilizar el tipo de cambio.

Sin embargo, el debate político se intensifica, ya que el financiamiento del FMI viene acompañado de un programa económico que incluye reformas importantes. Estas reformas buscan restablecer la sostenibilidad fiscal, modernizar el régimen monetario y cambiario, y mejorar la protección social, además de fomentar un crecimiento liderado por el sector privado.

Uno de los puntos de mayor controversia es la reducción del subsidio al diésel, que ha generado críticas de sectores empresariales y sociales. Estas organizaciones han cuestionado la decisión del Gobierno de ajustar el precio del combustible antes de que el Congreso apruebe oficialmente el acuerdo con el FMI, lo que ha llevado a demandas de mayor transparencia sobre las condiciones del programa.

La resistencia al programa del FMI está en aumento, reflejada en protestas y bloqueos relacionados con el precio del diésel y su disponibilidad. Nueve organizaciones cívicas y sociales se han reunido para abogar por medidas que mitiguen el impacto del aumento de costos sobre la población y la industria, lo que denota una creciente tensión política antes de la votación en la Asamblea.

La historia de los programas del FMI en Bolivia durante las décadas de 1980 y 1990 aún pesa en la memoria colectiva, dificultando la aceptación de reformas como la reducción de subsidios y la disciplina fiscal. A pesar de ello, el Gobierno de Paz busca utilizar este financiamiento para estabilizar una economía que enfrenta múltiples desafíos.