Campero solicita aclaraciones sobre revocación de visas al Canciller
El magistrado del Tribunal Constitucional, Israel Ramiro Campero, fue uno de los bolivianos a quienes se les revocó la visa estadounidense recientemente. En una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, Campero demandó que se busquen explicaciones al gobierno de Estados Unidos sobre esta decisión.
Campero subrayó que su función como ministro no es representar a un partido político, sino al Estado Plurinacional de Bolivia, que abarca a más de 12 millones de ciudadanos. Por ello, considera fundamental que el gobierno solicite información completa acerca de las razones que llevaron a la revocación de su visa.
La revocación de la visa se hizo pública el lunes pasado, cuando EE.UU. divulgó una lista de bolivianos afectados. Según Campero, las acusaciones en su contra están relacionadas con presuntos casos de corrupción, algo que él niega vehementemente.
El magistrado enfrenta críticas por haber tomado decisiones que algunos consideran contrarias a la ley y que favorecen a la administración del expresidente Luis Arce. Sin embargo, Campero ha defendido su postura, argumentando que su labor se realizó en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Campero también señaló que, a pesar de aceptar la decisión del gobierno estadounidense, es esencial que se respete su derecho al debido proceso. Criticó que haya sido juzgado sin la oportunidad de defenderse o sin pruebas claras en su contra.
Finalmente, el magistrado reafirmó su disposición a colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo, y reiteró que su inocencia debe ser considerada hasta que se demuestre lo contrario. A su juicio, es responsabilidad del gobierno boliviano exigir transparencia y justicia en estos casos.
"Cualquier país soberano debería preocuparle seriamente que a sus ciudadanos los sentencien sin juicio previo".
Esta situación pone de relieve la complejidad de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, así como la necesidad de una respuesta clara y contundente por parte del gobierno boliviano ante estas acciones.
