Crisis Judicial en Bolivia: 37 Días de Cambios y Revelaciones
El escándalo judicial en Bolivia comenzó el 28 de septiembre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de Róger Mariaca, alegando su implicación en "corrupción significativa" y en actividades relacionadas con el narcotráfico. Esto marcó el inicio de una serie de investigaciones que involucraron a fiscales, policías y magistrados.
Mariaca, quien negó las acusaciones, se presentó en Sucre junto a sus colaboradores, todos vistiendo corbata verde, el color que había impuesto durante su gestión. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando, el 30 de septiembre, fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, junto al fiscal Alberto Zeballos, en una operación que se extendió a varias ciudades.
El 1 de octubre, fue interceptada una ambulancia que transportaba más de 3,5 millones de bolivianos y 10 mil dólares, lo que suscitó un clamor por la necesidad de respetar el debido proceso en las investigaciones. En los días siguientes, la Asamblea Legislativa modificó la Ley 260, suspendiendo a Mariaca y nombrando a José Armando Urioste como fiscal general interino.
A medida que las pesquisas avanzaban, se realizaron múltiples allanamientos en oficinas y viviendas asociadas a los investigados. Hasta el 7 de octubre, los bienes secuestrados sumaban más de 5 millones de bolivianos y 407 mil dólares. La situación generó inquietud en la población, mientras que el presidente Rodrigo Paz denunciaba presiones mafiosas sobre los jueces.
En medio de este caos, el 17 de octubre, la representante de la Unodc, Mónica Mendoza, advirtió sobre la penetración del crimen organizado en el sistema judicial de Bolivia. A su vez, Washington anunció más restricciones de visas que afectarían a jueces y fiscales bolivianos.
El 29 de octubre, fue arrestado en Santa Cruz un hombre vinculado a la seguridad de Mariaca, pero fue liberado poco después. El 3 de noviembre, se emitieron órdenes de aprehensión contra Rómer Saucedo por presuntos vínculos con el narcotráfico. Al día siguiente, Saucedo dejó el país afirmando que su salida era por amenazas a su vida y persecución política.
El actual fiscal general, Urioste, hizo un llamado a Saucedo para que se presente ante la justicia, mientras que desde el TSJ se le otorgaron seis días para reincorporarse, aunque ya se anticipa la figura de "abandono de funciones" para su reemplazo en el cargo.
