Defensoría del Pueblo solicita controlar precios y abastecimiento tras eliminación del subsidio al diésel
Este domingo, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno que establezca controles continuos para el monitoreo de precios y disponibilidad de alimentos, transporte y otros bienes básicos, en respuesta a los efectos económicos que podría generar la eliminación del subsidio al diésel.
En su pronunciamiento, la institución destacó que el diésel es crucial para el transporte, la producción agrícola y el comercio, y cualquier cambio en su precio podría impactar en diversos sectores de la economía.
La Defensoría subrayó la necesidad de seguir de cerca los posibles efectos en los productos de la canasta familiar y otros bienes y servicios esenciales, aunque no especificó cuánto podrían aumentar los precios.
Además, solicitó al Gobierno que implemente medidas de mitigación que sean "oportunas, suficientes y accesibles", priorizando a los hogares de menores recursos y a aquellos sectores que podrían verse más perjudicados por el nuevo esquema de precios de combustible.
La Defensoría también hizo énfasis en que las medidas de protección social anunciadas por el Gobierno deben estar acompañadas de criterios claros para su acceso, cobertura y oportunidad, a fin de beneficiar a quienes estén enfrentando dificultades económicas.
Este pronunciamiento se produce tras la decisión del Gobierno de quitar el subsidio al diésel, un cambio que busca mejorar la situación fiscal y asegurar el suministro de combustibles.
La Defensoría enfatiza que el impacto de esta medida debe ser evaluado no solo en relación al precio del diésel en las gasolineras, sino también considerando su función como insumo esencial en el transporte de mercancías y diversas actividades productivas.
Para garantizar la protección de derechos económicos y sociales, la Defensoría propuso un seguimiento continuo sobre precios, disponibilidad y acceso a medidas de apoyo social, con el fin de identificar posibles efectos adversos en la población.
Finalmente, se hizo un llamado al Gobierno para que establezca un canal de diálogo con los sectores que se vean afectados por la eliminación del subsidio, a fin de evaluar los efectos de esta política y trabajar en conjunto para evitar conflictos sociales.
