Del conflicto a la reconstrucción: Desafíos para la cohesión social en Bolivia
Los efectos de más de 50 días de bloqueos, que se registraron entre mayo y junio, aún resuenan en la vida de muchos bolivianos. Esta situación ha comprometido la salud, la movilidad y la economía, causando también 22 muertes, de las cuales 19 fueron de personas ajenas a los conflictos.
La crisis económica ha expuesto la fragilidad de grandes sectores de la población. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 44,7% de los bolivianos vive en pobreza, y un 16,7% en pobreza extrema. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la situación de aquellas familias que, aunque no están en la pobreza, tienen escasos recursos para afrontar nuevas dificultades.
Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, destaca la vulnerabilidad de la clase media, que enfrenta retos como el aumento de precios y la pérdida de empleos. Este panorama se agrava con un alto costo de vida, afectando la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas, tanto en áreas urbanas como rurales.
La situación laboral de los jóvenes es otra área delicada. Gabriela Ugarte, experta en mediación, subraya la importancia de incluir a las nuevas generaciones en las decisiones que moldearán el futuro del país. Un indicador relevante es que, en el primer semestre de 2026, Chile otorgó 84.717 permisos laborales a bolivianos, representando casi el 70% del total de permisos concedidos a extranjeros.
Núñez advierte que los efectos de la crisis no se limitan a la pérdida de empleos; también han causado la quiebra de numerosos emprendimientos familiares. En un contexto de inflación creciente y eliminación de subvenciones, urge fortalecer la producción local para hacer frente a los productos importados que compiten deslealmente.
La necesidad de un diálogo estructurado
Para evitar nuevas crisis, Ugarte sugiere que el diálogo debe ser un proceso planeado y no una respuesta improvisada. Propone trabajar en las "4C": convicción, conexión, condiciones y capacitación, para generar un entorno más propicio para la discusión y resolución de conflictos.
Además, Ugarte señala que en situaciones de violencia, es crucial abordar la "3R": reconciliación, reconstrucción de relaciones y renovación de la cohesión social. Para ello, se necesita crear confianza y tener en cuenta el futuro en las decisiones actuales, especialmente para beneficiar a las nuevas generaciones.
La Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo 30 acciones para facilitar el diálogo durante los bloqueos, un recordatorio de que la necesidad de conversaciones no surge solo al final de una crisis. La reconstrucción de relaciones y la confianza en las instituciones son esenciales para superar la fractura social y asegurar una convivencia pacífica.
El desafío es, por lo tanto, construir mecanismos que prevengan futuros conflictos y que permitan procesar las diferencias de manera democrática, garantizando los derechos de todos los involucrados, incluyendo a quienes no están directamente en la disputa.
