Diputado Bráñez impulsa ley de eutanasia y cuidados paliativos en Bolivia
El diputado Diego Bráñez, del partido APB Súmate, presentó en agosto un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un sistema de cuidados paliativos, muerte digna y eutanasia, destinado a personas con enfermedades terminales sin posibilidad de recuperación.
Bráñez destacó que la ley se enfoca en garantizar cuidados paliativos accesibles y de calidad, lo que representa un 80% de su contenido. Esta iniciativa busca obligar al Estado a mejorar un sistema de salud que, según él, actualmente es deficiente. "La mal llamada muerte o eutanasia para los pobres en nuestro país ya existe", afirmó Bráñez, refiriéndose a la falta de medicamentos que obliga a los pacientes a regresar a casa sin tratamiento.
El legislador subrayó que en Bolivia no hay una legislación que regule adecuadamente los cuidados paliativos. Aunque se menciona en la Ley del Cáncer, su aplicación es insuficiente. El nuevo proyecto busca obligar al gobierno a destinar recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, que brinde apoyo a las familias bolivianas que enfrentan la carga de estos gastos.
El proyecto de ley propone un período de reflexión de 15 días una vez que se solicita la eutanasia. Para ello, se formará un comité compuesto por cinco profesionales, que incluirá psicólogos, psiquiatras, abogados y representantes de entidades religiosas, quienes revisarán la documentación y el historial médico del solicitante.
Bráñez aclaró que solo los mayores de edad que sean bolivianos o residentes permanentes durante al menos 12 meses podrán acceder a este servicio, además de aquellos diagnosticados con enfermedades graves o terminales. En este sentido, enfatizó que las personas menores de edad o en estado crítico, como aquellas en coma o con muerte cerebral, no serán elegibles.
El proyecto también protege a los médicos y profesionales involucrados en el procedimiento, modificando el artículo 257 del Código Penal. Se añade un segundo parágrafo que exonera de responsabilidad civil, administrativa y penal a quienes actúen conforme a lo estipulado por la ley sobre cuidados paliativos y eutanasia.
