El Gobierno considera que el fin de la subvención al diésel es exigencia del FMI
Este jueves, el Gobierno nacional comunicó que la reciente eliminación de la subvención al diésel para los grandes consumidores, una medida que ha generado resistencias en diversos sectores, es un requerimiento establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del programa de financiamiento acordado con el país.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, realizó estas declaraciones durante un encuentro entre el presidente Rodrigo Paz, miembros del Ejecutivo y alcaldes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM). Aramayo destacó que el decreto 5676 responde a las condiciones impuestas por el FMI en torno a la liberalización de los precios de los hidrocarburos, argumentando que financiar esta subvención es insostenible y ha estado acompañado por corrupción que afecta al Tesoro General del Estado.
El acuerdo entre el Gobierno de Paz y el FMI, alcanzado a finales de julio, contempla un plan técnico de 36 meses con una inversión de 1.900 millones de dólares, destinado a apoyar las reformas económicas implementadas por el Ejecutivo, aunque está pendiente de la aprobación del directorio del FMI y del Legislativo boliviano.
El decreto, que se publicó el 17 de agosto, establece un nuevo precio para el litro de diésel sin subvención, aplicable a industrias y grandes consumidores, con el objetivo de garantizar el suministro debido a la creciente demanda que ha provocado largas filas en las estaciones de servicio. El precio referencial se fijó en 18 bolivianos (equivalente a aproximadamente 1,53 dólares), aunque se mantiene el costo de 9,80 bolivianos (0,83 dólares) para el transporte público y para aquellos que consumen menos de 5.000 litros mensuales.
La decisión ha sido rechazada por sectores agroindustriales, transportistas y productores, quienes demandan al Gobierno la derogación del decreto y han amenazado con movilizaciones, a pesar del estado de excepción vigente desde junio. En las últimas horas, se reportaron bloqueos de carreteras, como el realizado por productores de arroz en la ruta entre Santa Cruz y Beni, donde se enviaron efectivos militares y policiales para restablecer el orden.
El sector agroindustrial en Santa Cruz, considerado el motor económico del país, también ha expresado su oposición a la eliminación de la subvención y ha exigido la anulación del decreto. Por su parte, el expresidente Evo Morales ha criticado la situación actual y sus seguidores han prometido protestas, a pesar de las restricciones impuestas por el estado de excepción.
Desde hace semanas, los conductores de vehículos, incluidos autobuses y camiones de carga, han tenido que enfrentar largas esperas para obtener diésel, llegando a tardar días en conseguir combustible, lo que ha complicado aún más la situación en varias ciudades del país.
