El Gobierno reconoce el aumento del sicariato en Bolivia tras promesas de seguridad
Marco Antonio Oviedo, titular del Ministerio de Gobierno, ha vuelto a estar en el centro de las críticas debido a la creciente crisis de seguridad en Bolivia. En mayo, tras una serie de asesinatos en Santa Cruz, lanzó el Plan Halcón y prometió una "lucha sin cuartel" contra la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, cuatro meses después, la situación se ha deteriorado, y Oviedo ha reconocido la existencia de una "ola de sicariatos" en el país.
El 6 de mayo, Oviedo presentó el Plan Halcón, una estrategia que involucra a la Policía, las Fuerzas Armadas y otras entidades, afirmando que Santa Cruz era el "epicentro" de los crímenes más violentos. En ese momento, el ministro se comprometió a erradicar estos delitos, pero la violencia no ha cesado.
Desde la detención y extradición de Sebastián Marset, más de diez casos de sicariato han sido registrados, abarcando asesinatos en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Uno de los crímenes más impactantes fue el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, lo que evidenció el poder de las organizaciones criminales en el país.
El 2 de septiembre, Oviedo reconoció que la ola de sicariatos es un problema serio, afirmando: "Hay una ola de sicariatos, no lo vamos a ocultar". Anunció entonces la creación de unidades especiales en la frontera con Brasil y un aumento en la cooperación policial con países vecinos para combatir el crimen.
Las estadísticas recientes son alarmantes: hasta el 3 de septiembre, se registraron 46 muertes en 37 ataques relacionados con sicariato. Las autoridades han indicado que no todos los casos están ligados al narcotráfico, sugiriendo que algunos se deben a disputas entre bandas criminales y el control de rutas hacia Brasil.
Las declaraciones de Oviedo, quien ahora enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad como ministro en la lucha contra el sicariato, revelan una falta de resultados claros. Inicialmente, se comprometió a combatir el fenómeno, pero ante la persistencia de los asesinatos, ha tenido que aceptar que la situación ha empeorado. Además, ha culpado en parte a administraciones anteriores por el estado actual de la violencia en el país, señalando que 20 años de narcotráfico han dejado huellas profundas en la seguridad nacional.
La pregunta que persiste es: si el Gobierno era consciente desde mayo del aumento de los sicariatos y lanzó un plan para abordarlo, ¿por qué en este momento el propio ministro admite que el problema sigue creciendo?
