El narcotráfico ha dejado de ser un problema ajeno en Bolivia
Durante años, se pensó que la violencia extrema era un problema que no afectaba a Bolivia. Mientras en otros países se lidiaba con carteles de drogas, aquí se sostenía que éramos solo un corredor de tránsito. Sin embargo, esta percepción ha cambiado drásticamente. Los hechos de violencia, como balaceras en las calles y ajustes de cuentas, han sustituido el ambiente de tranquilidad que alguna vez se vivió.
Este fenómeno no surgió de la noche a la mañana, ni es responsabilidad de una sola administración. Es el resultado de un modelo que, entre 2006 y 2026, permitió que la economía formal coexistiera con una economía criminal en expansión. Hoy, Bolivia no solo es un corredor de cocaína; ha evolucionado a un centro de producción y exportación de este narcótico.
La ubicación geográfica del país, que podría ser una ventaja para el comercio, se ha convertido en un atractivo para organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). En lugares fronterizos como San Matías, la escasa presencia del Estado hace más fácil la disputa por rutas hacia Mato Grosso y São Paulo. Los eventos violentos de este año, como los cuerpos decapitados en Yapacaní y los asesinatos de policías, muestran que la violencia se ha vuelto parte de nuestra realidad cotidiana.
Las cifras revelan la magnitud del problema: Bolivia tiene alrededor de 40.000 hectáreas de cultivos de coca, casi el doble de las 22.000 hectáreas permitidas por la ley. Esta producción alimenta una capacidad estimada de 300 toneladas métricas anuales de cocaína; sin embargo, el Gobierno reconoce que la efectividad de la interdicción es de apenas el 10%. Además, la corrupción dentro de las instituciones del Estado, como la Policía y el sistema judicial, ha creado un entorno de impunidad que favorece a las grandes redes delictivas.
La reciente incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas y la reactivación de la cooperación con la DEA y la INL, tras años de distanciamiento, son indicativos de la necesidad de enfrentar este problema de manera conjunta. El intercambio de inteligencia y la aplicación de pruebas de polígrafo en las unidades antinarcóticos son pasos hacia la recuperación de una institucionalidad que ha sido debilitada con el tiempo.
La captura y extradición de Sebastián Marset a Estados Unidos marca un momento importante en esta lucha, pero confiar en que una sola acción solucionará un problema tan arraigado sería un error. El narcotráfico no solo se dedica al tráfico de drogas; también compra silencios, corrompe instituciones y financia estructuras de poder. La discusión ahora ya no se centra únicamente en la cantidad de droga incautada, sino en cómo el crimen organizado está erosionando la autoridad y la legitimidad del Estado. Cuando el miedo se traslada de la ciudadanía a manos de las mafias, la integridad del Estado está en juego.
