El Salvador despliega más de 2.000 soldados en Haití para localizar a cuatro compatriotas
El Gobierno de El Salvador ha enviado a más de 2.000 efectivos militares a Haití con el objetivo de encontrar a cuatro salvadoreños que llevan desaparecidos desde el 18 de octubre. Estos hombres fueron atacados por grupos armados en las cercanías de Puerto Príncipe, la capital haitiana.
Los desaparecidos son técnicos aeronáuticos que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional con respaldo de las Naciones Unidas que combate la criminalidad en Haití. La orden de ampliar el operativo fue dada por el presidente Nayib Bukele.
Los cuatro hombres fueron vistos por última vez tras ser emboscados mientras regresaban a su base en un vehículo blindado en la zona de Croix-des-Bouquets. Hasta el momento, su ubicación es incierta y no se ha recibido reconocimiento por parte de grupos armados sobre el ataque.
A inicios de esta semana, las autoridades de Haití entregaron cuatro cadáveres que podrían ser de los desaparecidos, pero Nayib Bukele ha descartado esta posibilidad al afirmar que los restos no corresponden a los efectivos que busca su Gobierno.
Aumento de la violencia en Haití
La misión militar se desarrolla en un contexto de creciente violencia en Puerto Príncipe. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado sobre un incremento de los enfrentamientos tras el ataque a los salvadoreños, lo que complica aún más la situación.
"La intervención militar no garantiza que la violencia termine", advirtió el jurista haitiano Barnabas Dieudonné, quien señala que la búsqueda de los cuatro efectivos es una tarea diferente a encontrar una solución a largo plazo para el problema de las pandillas.
Dieudonné también destacó que los esfuerzos militares podrían debilitar temporalmente a algunos grupos armados, pero no resolverían la crisis de inseguridad que afecta a Haití desde hace años. Además, alertó sobre los riesgos para la población civil, incluyendo muertes y desplazamientos debido a los enfrentamientos.
El jurista concluyó que cualquier operación extranjera debe respetar la soberanía de Haití y requerir el consentimiento de sus autoridades, además de incluir medidas para proteger a los ciudadanos y restaurar la seguridad en el país.
