Gobernadores se ponen en alerta y exigen respuestas al Gobierno sobre diésel y coparticipación
En una reunión llevada a cabo el 24 de septiembre en Santa Cruz, seis gobernadores se manifestaron en estado de alerta y exigieron al Gobierno que atienda sus demandas antes del 31 de octubre. La reunión se centró en la eliminación de la subvención al diésel y la implementación del acuerdo del 50-50 en la distribución de recursos tributarios.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue el portavoz de las conclusiones de la reunión y enfatizó la necesidad de que el Gobierno cumpla con todos los puntos solicitados. Velasco afirmó: “Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento al 31 de octubre del 2026.”
Los gobernadores hicieron hincapié en la necesidad de que el Presupuesto General del Estado para 2027 incluya la coparticipación tributaria para los gobiernos autónomos, garantizando que esto no perjudique los ingresos de las universidades públicas y las gobernaciones municipales.
Velasco añadió que, considerando que los presupuestos de 2026 se diseñaron con un costo de 6,73 bolivianos por litro de diésel, y que el decreto supremo 5716 fijó un precio internacional que ha generado un gasto no previsto, es necesario establecer mecanismos de compensación y modificaciones presupuestarias.
El gobernador también señaló la urgencia de formalizar un acuerdo normativo con los gobiernos departamentales para ajustar las finanzas de las entidades territoriales, buscando financiamiento con plazos definidos. Además, solicitaron transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación para compensar el diferencial del precio del diésel utilizado en la prestación de servicios esenciales.
Finalmente, insistieron en la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas permita de manera excepcional las modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el incremento en el gasto de combustibles, asegurando que este gasto no afecte el funcionamiento de las Gobernaciones.
