Gobierno y gobernadores firman acuerdo para mejorar la autonomía fiscal
Este miércoles, en la ciudad de Sucre, el Gobierno nacional junto a los nueve gobernadores del país firmaron el Acuerdo 001/2026, un paso significativo hacia la implementación de la Agenda 50/50. Este acuerdo tiene como objetivo reforzar las autonomías departamentales a través de diversas reformas en la gestión fiscal, el régimen tributario y la distribución de recursos.
Uno de los compromisos más destacados de este acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada, que se encargará de diseñar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Esta ley busca consensuar principios que se implementarán en la gestión fiscal a partir de 2027.
Además, se acordó evaluar diferentes mecanismos para ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto incluye la posibilidad de reclasificar bases imponibles, crear nuevos tributos dentro del marco constitucional, aplicar sobretasas y modificar la Ley 154 que regula la clasificación y definición de impuestos. Este proyecto deberá ser elaborado en un lapso de 90 días.
En cuanto a la gestión presupuestaria, se acordó revisar las normativas que limitan el uso del gasto en los departamentos. Se prevé la eliminación progresiva de disposiciones que destinan recursos a obligaciones del nivel central o a entidades que ya no están en funcionamiento. Las gobernaciones también buscarán tener mayor poder en la definición de sus presupuestos, aunque el Gobierno nacional mantendrá el control sobre los ingresos fiscales globales.
El acuerdo también menciona la revisión de la normativa que ha restringido competencias de los gobiernos departamentales. Se evaluarán ajustes en las transferencias fiscales basándose en criterios de sostenibilidad, equidad territorial y corresponsabilidad entre las entidades.
La Agenda 50/50 contempla la promoción de alianzas público-privadas desde las gobernaciones, modificaciones a la Ley 699 para fortalecer vínculos internacionales, la creación de fondos de compensación y la transferencia gradual de instituciones públicas que puedan ser administradas a nivel departamental. También se prevén medidas de alivio financiero, como la reprogramación de deudas.
El Gobierno nacional se comprometió a facilitar información técnica a las autoridades territoriales, mientras que las gobernaciones colaborarán en la elaboración de propuestas consensuadas. Asimismo, se llevará a cabo un diálogo con municipios y autonomías indígena originario campesinas para integrar estos acuerdos en un futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.
