Jhonny Fernández defiende su gestión en audiencia y niega malversación de fondos
En el marco de su audiencia cautelar, Jhonny Fernández, ex alcalde de Santa Cruz de la Sierra, hizo una defensa de su gestión al afirmar que los Bs 191 millones que se investigan no fueron malversados, sino que se usaron para cumplir con diversas obligaciones del municipio, tales como gastos en salud y servicios de recolección de basura.
Fernández, quien previamente había optado por no declarar ante la Fiscalía, expuso ante la jueza Ana Gloria Rojas que los créditos municipales fueron destinados a varias áreas de la Alcaldía y que nunca desaparecieron, en respuesta a las acusaciones de malversación.
El ex alcalde, durante su comparecencia, destacó que la crisis económica, el aumento de los costos de construcción y los problemas con los contratistas fueron factores que llevaron a la paralización de varios proyectos. Mencionó como ejemplo un viaducto que enfrentó múltiples intentos de licitación antes de poder ser adjudicado.
Fernández subrayó que la administración local tuvo que elegir entre iniciar procesos legales contra las empresas incumplidoras o intentar reactivar los proyectos mediante negociaciones. Afirmó que, incluso con retrasos en las obras, los créditos generaban obligaciones que debían cumplirse, como el pago de intereses y salarios.
En su defensa, el ex alcalde indicó que parte de los recursos en cuestión se destinaron a garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, como la recolección de basura y el abastecimiento de insumos en el sector salud, todo en el contexto de una ley de emergencia que priorizó ciertos gastos.
Fernández también se mostró crítico del proceso judicial que enfrenta, sugiriendo que las acusaciones han sido impulsadas por motivaciones políticas para perjudicar su imagen y evitar su participación en futuras elecciones, asegurando que esto ha dañado no solo su reputación, sino también a su familia.
La audiencia se dio después de que la Policía ejecutara una orden de aprehensión contra él, ya que había sido declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia anterior. La Fiscalía ha solicitado una detención preventiva de 180 días mientras se desarrollan las investigaciones sobre el destino de los Bs 191 millones y las responsabilidades relacionadas con las obras inconclusas.
La jueza deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes antes de decidir sobre la posible detención preventiva o la implementación de alguna otra medida cautelar.
