Lara denuncia posible tráfico de influencias en caso Espinoza
La tensión política entre el vicepresidente Edmand Lara y el exministro de Economía José Gabriel Espinoza se intensificó este lunes, a pocas horas de que la Sala Constitucional Tercera de El Alto evalúe el amparo que busca anular la censura impuesta por la Asamblea Legislativa.
Lara no se contuvo y denunció que la situación "huele a impunidad", sugiriendo que existen indicios de tráfico de influencias en torno a este caso, que podría permitir a Espinoza revertir su censura y recuperar su puesto.
Uno de los focos de preocupación de Lara radica en el vocal Grover Jhon Cori, quien forma parte de la Sala Constitucional. El vicepresidente señaló que la hija de Cori labora en el Banco Central de Bolivia, entidad que depende del Ministerio de Economía, lo que podría plantear un conflicto de interés. Por esta razón, exigió que el vocal se aparte del caso.
"Por respeto a la Constitución, exijo que el vocal se aparte de inmediato de este proceso. Aquí ya no hay confianza posible", afirmó Lara, haciendo énfasis en que la relación familiar es de conocimiento público y está registrada oficialmente.
El vicepresidente también cuestionó la participación de abogados del Ministerio de Economía en la defensa de Espinoza, quien fue censurado por la Asamblea y destituido por el presidente Rodrigo Paz. Para Lara, es inaceptable que recursos del Estado se utilicen en la defensa de alguien que ya no ocupa el cargo.
Lara aclaró que no se opone a que Espinoza busque justicia, pero sí a la utilización de recursos públicos y a la elección de instancias judiciales que podrían estar sesgadas. "Espinoza tiene derecho a acudir a la justicia, pero no a utilizar la ley a su favor ni a buscar salas constitucionales amigas", expresó.
Esta confrontación ha escalado más allá de una simple disputa política, involucrando al Órgano Judicial, al Ministerio de Economía y la legitimidad del proceso constitucional en curso. La atención ahora está puesta en el fallo de la Sala Constitucional, que podría desencadenar un nuevo escándalo político si no se resuelven las inquietudes sobre la imparcialidad.