Las dudas aumentan sobre el rol de Cerimedo en el Gobierno de Rodrigo Paz
La aclaración del Gobierno de Rodrigo Paz respecto a que Fernando Cerimedo no ocupaba un cargo oficial ha suscitado nuevas interrogantes. Esto se debe a la aparición de documentos que lo relacionan directamente con la administración pública, como una tarjeta donde se le identifica como "Asesor Principal del Presidente" y el uso de un correo electrónico institucional.
El principal interrogante no radica únicamente en el título que aparece en la tarjeta, sino en la necesidad de esclarecer quién otorgó y autorizó los mecanismos institucionales que permitieron a Cerimedo comunicarse desde una plataforma del Estado. Aunque un correo institucional no implica necesariamente un nombramiento oficial, su existencia genera cuestiones sobre cómo un particular pudo acceder a recursos estatales.
La normativa en Bolivia establece lineamientos claros respecto al uso de los bienes y servicios públicos, así como las responsabilidades que surgen cuando estos se utilizan de forma indebida. Esto incluye el artículo 163 del Código Penal, que tipifica como delito la usurpación de funciones cuando alguien actúa en funciones públicas sin la debida autorización.
Si se determina que Cerimedo actuó como funcionario sin un nombramiento oficial, se deberá investigar si su actuación puede ser considerada un delito. Sin embargo, la mera utilización del título de "asesor principal" no es suficiente para concluir que se cometió un ilícito.
Otro aspecto a considerar es la implicación de los funcionarios que autorizaron el acceso a recursos institucionales. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tipifica el uso indebido de bienes y servicios públicos, responsabilizando a quienes permitan que estos se utilicen en beneficio propio o de terceros.
Además, el Código Penal prevé el incumplimiento de deberes para los servidores públicos que ignoren o retrasen sus responsabilidades. Por esta razón, la cuestión no se limita a definir el rol de Cerimedo, sino que se extiende a identificar quién dentro del Estado le otorgó acceso a herramientas institucionales y bajo qué fundamento legal.
