Nuevas tácticas de contrabando de gasolina en Bolivia
La reciente eliminación de la subvención al diésel ha provocado que las organizaciones de contrabando en el país modifiquen su enfoque. Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ahora están concentrando sus esfuerzos en la gasolina, utilizando automóviles equipados con sistemas de Gas Natural Vehicular (GNV) como fachada para acaparar este combustible y desviarlo a mercados paralelos.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha detectado esta maniobra a través de un análisis en tiempo real. Utilizando el sistema B-SISA, se observó que, mientras los vehículos de transporte público a gasolina consumen un promedio de 110 litros al mes, algunos automóviles a GNV estaban registrando consumos injustificados de hasta 337 litros, superando más de tres veces el volumen normal.
Medidas de control y advertencias
Durante una presentación sobre el procedimiento para la inhabilitación digital de placas, el ministro Marcelo Blanco Quintanilla hizo una clara advertencia a quienes están involucrados en este tipo de actividades: "Advertimos a los usuarios que los estamos vigilando. Vehículo que presente consumo irracional será bloqueado del sistema y los conductores o propietarios serán remitidos al Ministerio Público".
Con la intervención dispuesta por el presidente Rodrigo Paz, el sistema B-SISA no solo permite el bloqueo preventivo de placas sospechosas, sino que también ha acelerado los trámites de importación legal, reduciendo el tiempo de autorización a 48 horas. Esto ha resultado en la emisión de 37 nuevas licencias para comercialización y consumo propio en septiembre.
Consecuencias legales para infractores
Las consecuencias del contrabando no solo afectan a los conductores, sino que también impactan en la cadena de distribución. Según el viceministro Yamil García, el Código Penal contempla severas sanciones para quienes participen en estas actividades, como penas de 3 a 6 años de prisión para quienes almacenen o comercialicen combustible sin autorización, y de 2 a 4 años para quienes compren gasolina de revendedores ilegales.
Entre las acciones administrativas, se incluye la incautación de bienes relacionados con el delito y la pérdida de licencias de funcionamiento para las estaciones de servicio que colaboren en estos ilícitos. Hasta el momento, la operación de control ha llevado a la aprehensión de 31 personas, la confiscación de 24 vehículos y la identificación de 8 automóviles con modificaciones en sus tanques.
Las autoridades han afirmado que estas medidas han permitido evitar la desviación de más de 14,43 millones de litros de combustible en el primer mes de intervención.
