Persisten los conflictos sociales en Bolivia a pesar del estado de excepción
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, ha informado que a pesar de la implementación del estado de excepción desde junio, los conflictos sociales en Bolivia no han disminuido. Esto se debe, en gran medida, a la eliminación de la subvención al diésel por parte del Gobierno, lo que ha generado un aumento en los precios de productos de la canasta familiar.
Callisaya presentó el reporte de conflictividad correspondiente al tercer trimestre de 2023, donde enfatizó que "los conflictos no disminuyeron" debido a demandas económicas y estructurales que persisten, tales como el acceso a la alimentación y el derecho al empleo. Resaltó la necesidad de fortalecer la democracia y promover el diálogo para evitar que las tensiones escalen a situaciones de violencia.
El informe indica que en total se registraron 168 eventos de conflictividad en el país, de los cuales 109 fueron conflictos concretos y 59 solo quedaron como anuncios. La mayor concentración de estos conflictos se dio en el eje central de Bolivia.
La Defensoría del Pueblo logró intervenir en un 42% de los conflictos identificados, desempeñándose como facilitadora del diálogo. Los datos provienen del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (Simat), que ha evidenciado el impacto negativo de la eliminación de la subvención al diésel en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos.
Los conflictos se han concentrado en diversos departamentos, siendo La Paz el más afectado con un 22% de los casos, seguido por Santa Cruz y Cochabamba, ambos con un 20%.
El reporte también revela que predominan los conflictos económicos, con un total de 45 casos registrados, mientras que 14 están relacionados con la gobernabilidad y otros 14 con cuestiones laborales y salariales. Además, hay registros de conflictos en los ámbitos de educación, salud y vivienda.
"Es urgente fortalecer la democracia deliberativa y reforzar los espacios de diálogo para prevenir escaladas de violencia".
