YPFB bajo intervención tras crisis de distribución de combustibles
La intervención de YPFB se establece mediante el Decreto Supremo 5697, que señala una supervisión temporal de 180 días, con la posibilidad de una extensión de 90 días más si no se resuelven los problemas que la motivaron. La medida busca mejorar la importación, logística y distribución de combustibles, en un contexto donde transportistas y ciudadanos enfrentan largas esperas para conseguir carburantes.
El panorama actual de YPFB es alarmante: a casi 90 años de su fundación, la empresa enfrenta una crisis significativa, administrando menos reservas de hidrocarburos y perdiendo mercados de exportación. Las reservas de gas natural han caído de 9,94 trillones de pies cúbicos en 2009 a solo 4,49 TCF en 2023, lo que representa una reducción del 54%.
Desde su refundación en 2006, YPFB ha tenido un total de 17 presidentes interinos, lo que sugiere una inestabilidad en su dirección. En contraste, la estructura de la empresa ha crecido, lo que implica un gasto anual considerable que supera los Bs 2.400 millones, en lugar de enfocarse en la recuperación de reservas y la producción.
Intervención y objetivos de la comisión
La intervención será llevada a cabo por una comisión compuesta por funcionarios de alto nivel de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, quienes se encargarán de evaluar las áreas de comercialización y logística. Uno de sus objetivos es identificar redes de contrabando y establecer responsabilidades por el desvío de combustibles.
Los hallazgos de la comisión podrán derivar en recomendaciones de auditoría, así como en la remoción de personal si se encuentran indicios de responsabilidad. La información requerida por la comisión deberá ser entregada por los funcionarios de YPFB, quienes tendrán 30 días para presentar un informe inicial tras la aprobación de su reglamento.
El informe de Fundación Jubileo destaca que a pesar de los esfuerzos por reestructurar YPFB, el enfoque debe ser más profundo. Se plantea que la empresa no solo necesita mejorar la distribución de combustibles, sino que requiere una transformación integral en su funcionamiento para abordar problemas estructurales que han llevado a la crisis actual.
"Lo que tenemos al frente es un problema verdaderamente estructural y no tiene una solución de la noche a la mañana".
La situación de YPFB refleja un modelo que ha dejado de ser eficiente, dependiendo cada vez más de las importaciones para cubrir las necesidades internas del país. Con un 95% de diésel y un 60% de gasolina importados, Bolivia enfrenta el reto de redefinir su política energética para asegurar un futuro sostenible en el sector hidrocarburífero.
