Bolivia enfrenta un ajuste económico tras acuerdo con el FMI

El reciente acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca ofrecer un alivio financiero al país, pero también implica importantes ajustes económicos. Desde enero de 2027, el Gobierno se compromete a eliminar la subvención a los combustibles, lo que afectará los costos que enfrentan transportistas, familias y productores.

Con este acuerdo, que prevé la inyección de $us 1.900 millones, el país espera fortalecer sus reservas y mitigar la presión sobre el dólar. Sin embargo, la medida anticipa un periodo complicado, ya que el ajuste comenzará en un contexto de recesión económica, antes de que se prevé una recuperación para 2028.

Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, a partir de este año los precios de los combustibles permanecerán congelados hasta diciembre, pero luego deberán ajustarse a una nueva fórmula que tendrá en cuenta factores como el tipo de cambio y los costos de importación y refinación. Aún no se sabe cuáles serán los nuevos precios ni si el ajuste será inmediato o gradual.

El impacto de esta medida podría trasladarse rápidamente a los sectores del transporte, la producción y los precios de los alimentos, lo que podría complicar aún más la situación económica. Marcelo Trigo, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, señala que la eliminación de la subvención puede generar tensiones sociales y retrasar la reducción de la inflación.

Trigo también destaca que el subsidio actual distorsiona el mercado y alimenta el contrabando, y aboga por un enfoque que incluya ayuda directa a los hogares más vulnerables. Sin embargo, el marco legal para este tipo de asistencia no se presentará hasta marzo de 2027, creando un escenario en el que los precios pueden aumentar antes de que haya un sistema de compensación efectivo.

El acuerdo con el FMI no solo busca brindar recursos, sino también restablecer la confianza de otros acreedores y abrir la puerta a nuevos financiamientos. Trigo menciona que podría facilitar entre $us 4.000 millones y $us 5.000 millones adicionales en créditos multilaterales, pero enfatiza que estos fondos deben ser utilizados para estabilizar la economía y no para aumentar el gasto público.

Con un déficit fiscal que alcanzó el 11% del PIB en 2025 y una deuda pública superior al 80%, el país enfrenta retos significativos. A lo largo del programa, el Gobierno deberá implementar un ajuste fiscal del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029 para eliminar el déficit primario y reducir el déficit global al 3,5% del PIB.

La política del Banco Central también seguirá esta línea restrictiva con el objetivo de controlar la inflación. Esto incluye limitar el financiamiento directo al sector público y ajustar las tasas de interés, lo que podría complicar aún más el acceso al crédito. Sin embargo, estas medidas son necesarias para evitar que el deterioro económico se agrave.

Finalmente, el mensaje de Trigo es claro: la ciudadanía deberá prepararse para un periodo de ajustes, donde la recuperación dependerá de la capacidad del Gobierno para implementar estas medidas sin afectar la actividad productiva y el bienestar de los más necesitados.