SOBOCE advierte sobre posible ejecución de fallo a favor de FANCESA
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha expresado su preocupación ante cualquier intento de implementar rápidamente la sentencia que la condena a abonar 744 millones de bolivianos a FANCESA, sin esperar la resolución del Tribunal Constitucional. Según SOBOCE, esto sería un claro ejemplo de denegación de justicia y tendría repercusiones internacionales.
La empresa subraya que no es razonable que un juez de primera instancia intente cumplir un fallo cuando hay un recurso de queja aún sin resolver en la justicia constitucional. Además, la ejecución de esta sentencia sería una violación al principio de jerarquía legal en Bolivia.
SOBOCE advierte que la implementación de este fallo tendría un impacto severo en su operativa, ya que la continuidad de sus operaciones depende de su liquidez y capacidad de inversión. La ejecución de esta sentencia afectaría sus compromisos con tenedores de bonos, el sistema financiero nacional y podría poner en riesgo miles de empleos.
Además, se menciona que Bolivia podría convertirse en el primer país en aplicar el concepto de "daño al proyecto de vida" a una empresa, un término que se utiliza normalmente para proteger los derechos individuales de las personas. Esto podría llevar a decisiones arbitrarias que comprometen la seguridad jurídica y desalientan la inversión extranjera.
Es importante recordar que SOBOCE lleva más de 16 años esperando que el Estado boliviano cumpla con el pago del justo precio por la expropiación de sus acciones en FANCESA, un compromiso que el gobierno no ha honrado, incumpliendo el Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010.
La empresa señala que estas irregularidades constituyen una violación a los Tratados Bilaterales de Inversión y a la normativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ejecutar este fallo podría exponer al Estado boliviano a nuevos litigios internacionales y a indemnizaciones millonarias.
SOBOCE hace un llamado a la comunidad jurídica, los gremios empresariales y las autoridades para que se tomen en cuenta las posibles consecuencias de una ejecución apresurada e ilegal del fallo, que podría generar un precedente perjudicial para la economía del país.
Finalmente, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo del país, pero enfatiza la necesidad de respetar el derecho a una adecuada protección judicial.
