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Política

Gonzalo Chávez analiza el presupuesto 2027 y la coparticipación del 1% para gobernaciones

PolíticaPor Wálter Roca

Durante una reciente entrevista en el programa Al Día Tu Día, el economista Gonzalo Chávez se refirió al proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 y a la propuesta del Gobierno de otorgar el 1% de los impuestos coparticipables a las gobernaciones. Chávez planteó la necesidad de un debate más profundo sobre la distribución de competencias y la autonomía financiera de las regiones.

Chávez expresó su preocupación por las proyecciones económicas para 2027, que incluyen un decrecimiento del 1,5%, una inflación del 10,7% y un déficit fiscal del 6,7%. Según él, estas cifras reflejan un contexto complicado que podría no satisfacer las necesidades de los gobiernos departamentales.

Cuestionamiento al modelo fiscal y a la coparticipación

El economista destacó que el sistema actual de distribución de recursos concentra demasiado poder en el nivel central, lo que limita la capacidad de las gobernaciones para operar de manera autónoma. Además, advirtió que reducir el debate sobre la coparticipación a porcentajes específicos como el 1% o el 5% no aborda el fondo del problema.

La propuesta gubernamental de asignar el 1% a las gobernaciones podría significar aproximadamente 550 millones de bolivianos en total. Sin embargo, muchos gobernadores consideran que este porcentaje es insuficiente para lograr una verdadera autonomía financiera, sugiriendo que se debería comenzar desde al menos un 15%.

Chávez también enfatizó la necesidad de una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes y genere más ingresos para el Estado. Mencionó sectores que deberían contribuir más, como la minería y los grandes propietarios de tierras, y sugirió que las regiones busquen sus propias fuentes de ingresos mediante impuestos locales y regalías.

Finalmente, el economista subrayó que el proceso de descentralización no solo implica la distribución de recursos, sino también la asignación de competencias y responsabilidades. Sin un pacto fiscal que contemple las diferencias entre las gobernaciones y sus capacidades económicas, las regiones podrían enfrentar cargas adicionales sin los recursos necesarios para gestionarlas.