Acuerdo con el FMI prevé interés del 3,479% y pago a 4,5 años
El proyecto de ley que autoriza el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece una tasa de interés básica anual del 3,479%. Este monto puede variar de acuerdo a la cotización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) y podría incluir sobretasas en el futuro.
La cifra del 3,479% se obtiene al sumar el 2,879% correspondiente a la tasa de interés de los DEG, calculada en la fecha de cotización, más un margen adicional del 0,6%. Es importante destacar que esta tasa no está garantizada de mantenerse fija durante todo el periodo del préstamo, ya que puede fluctuar según la cotización de los DEG.
El acuerdo también estipula que el repago del préstamo se extenderá por un máximo de 10 años a partir de cada desembolso, lo que significa que el plazo para la devolución se definirá desde cada entrega de recursos. La amortización del capital comenzará luego de un periodo de 4 años y 6 meses.
Adicionalmente, el acuerdo contempla un tiempo de desembolso que puede alcanzar hasta 36 meses, permitiendo que los fondos sean entregados durante un periodo de hasta tres años. Cada desembolso, a su vez, tendrá su propio plazo de repago.
El Ministerio de Economía fue el encargado de realizar las gestiones técnicas necesarias ante el FMI, actuando dentro de sus competencias para gestionar el endeudamiento público externo. El 29 de julio de 2026 se logró un acuerdo técnico para un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), que está destinado a ayudar a países con dificultades en su balanza de pagos.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde está siendo revisado por la Comisión de Planificación, según informó Rodrigo Antonio, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Este acuerdo financiero involucra un total de 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), lo que equivale aproximadamente a 1.900 millones de dólares estadounidenses. El documento justifica la necesidad de este financiamiento, señalando los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia, tales como déficits fiscales, caídas en los ingresos y exportaciones de hidrocarburos, y presiones inflacionarias.
El acceso a estos recursos busca respaldar un programa integral de reformas económicas del Estado y atender las necesidades de financiamiento en un periodo de transición económica.
