COD La Paz critica el nuevo Código Minero como una amenaza a la soberanía nacional
La Central Obrera Departamental (COD) de La Paz ha manifestado su rechazo al nuevo Código Minero propuesto por el Gobierno, calificándolo de "lapidario". Su Secretario General, Celestino Gonzáles, argumentó que esta normativa busca despojar al Estado de su control sobre los recursos naturales del país.
Gonzáles enfatizó que la iniciativa pretende reemplazar la actual Ley 535 de Minería y Metalurgia, la cual está en sintonía con la Constitución y establece que el Estado debe supervisar toda la cadena productiva, desde la exploración hasta la industrialización, involucrando a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y a otros agentes productivos.
El dirigente advirtió que este proyecto de ley evoca el antiguo Código Minero de los años 90, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que permitía a las empresas privadas actuar como "dueñas" de los recursos mineros del país. Esto, según él, sería un retroceso significativo en la gestión de los recursos naturales bolivianos.
Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se ha iniciado la socialización del anteproyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Según la cartera de Estado, este anteproyecto busca modernizar el sector minero y fomentar la inversión responsable, asegurando un marco jurídico que favorezca el desarrollo del sector.
El nuevo código propone unificar las normativas actuales en un solo cuerpo legal, introduciendo seis modalidades contractuales, facilitando alianzas entre el sector privado y simplificando los trámites administrativos. Además, contempla el seguimiento ambiental desde etapas tempranas y mecanismos de control para la comercialización de minerales.
A pesar de las declaraciones del Gobierno de buscar un diálogo inclusivo, la COD, junto con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), han denunciado su exclusión en las discusiones previas a la presentación del anteproyecto. Fencomin, en particular, criticó el proceso como opaco y sin el debido consenso.
Fencomin también alertó sobre la posible injerencia extranjera en la formulación de las políticas mineras del país. Esto ocurre en un contexto donde Bolivia se ha comprometido con el Banco Mundial a aprobar el nuevo Código de Minería y una legislación sobre inversiones para mediados de 2027, con un plan que busca movilizar hasta 19.000 millones de dólares en inversiones para el sector entre 2026 y 2030.
