Economista advierte sobre riesgos de la Ley de Inversiones propuesta por el Gobierno
Martín Moreira, economista integrante de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, los mecanismos de estabilidad jurídica, así como los incentivos fiscales y el arbitraje internacional incluidos en la propuesta, podrían tener consecuencias negativas.
El economista subrayó la importancia de atraer tanto inversión nacional como extranjera para impulsar el crecimiento económico, generar empleo, incorporar nuevas tecnologías y hacer frente a la falta de divisas en el país. Sin embargo, enfatiza que tal inversión debe venir acompañada de responsabilidades claras y garantizar que una parte substancial de los beneficios permanezca en Bolivia.
Moreira analizó que el proyecto, que consta de 103 artículos, podría otorgar garantías amplias a los inversionistas antes de definir regulaciones en sectores clave como la minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Esta secuencia podría restringir las posibilidades de negociación del Estado en áreas que son consideradas estratégicas para el país.
El economista también mostró su desacuerdo con los planes de estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional propuestos. Considera que las garantías para los inversionistas no deberían restringir la facultad del Estado para ajustar políticas tributarias, ambientales o de regulación ante nuevas circunstancias.
En cuanto a los incentivos fiscales, Moreira sugirió que se debe analizar cuántos ingresos dejaría de percibir el Estado y qué beneficios concretos se obtendrían a cambio, tales como la creación de empleo, la transferencia de tecnología, el aumento de exportaciones y el desarrollo productivo.
Por último, concluyó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en iniciativas que promuevan la creación de empleo formal, la incorporación de tecnología, el apoyo a proveedores nacionales y la generación de valor agregado, además de garantizar la preservación de los recursos naturales y asegurar que la llegada de capital no resulte en una rápida transferencia de activos públicos.
