El Gobierno evalúa el cierre de entre ocho y diez empresas estatales
El Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en proceso de reestructuración del sector empresarial estatal, lo que incluye la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar varias entidades públicas que no muestran viabilidad financiera. Se estima que entre ocho y diez empresas podrían verse afectadas por esta revisión, que está siendo conducida por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que se llevarán a cabo diagnósticos técnicos en las empresas para evaluar cuáles de ellas pueden seguir operando y cuáles representan un lastre para las finanzas del Estado. Con el mecanismo aprobado dentro del PGE Reformulado 2026, se abre la puerta para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas.
La situación financiera crítica de varias entidades estatales ha llevado a esta decisión. La OFEP ha señalado que hay 15 empresas en quiebra técnica, acumulando pérdidas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre estas, se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Además, el presupuesto del PGE Reformulado contempla una drástica reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital destinados a estas empresas públicas, como parte de la estrategia del Gobierno para disminuir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que el objetivo no es cerrar empresas sin más, sino evaluar qué opción resulta más viable: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarlas con el sector privado o liquidarlas.
Un caso particular bajo análisis es el de una empresa estatal que produce papas fritas en El Alto. Esta entidad podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno o reestructurada mediante un esquema de asociación público-privada, dependiendo de los resultados de las evaluaciones que se realicen.
Con esta revisión, el Gobierno busca reducir una estructura empresarial estatal que ha consumido recursos públicos de manera ineficiente a lo largo de los años. Las empresas afectadas deberán demostrar su capacidad para operar sin convertirse en una carga para el Estado.
