OEA revisa conflictos sociales en Bolivia mientras el Gobierno busca proteger derechos
El Gobierno nacional se reunió con la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir los efectos de los 53 días de conflictos sociales que vivió Bolivia entre mayo y junio. Esta reunión, que se llevará a cabo hasta el viernes, tiene como objetivo establecer medidas preventivas y avanzar en la reinstitucionalización de la Policía Boliviana.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, subrayó que la cooperación con los organismos policiales de los países miembros de la OEA busca proteger los derechos humanos en situaciones de protesta. El objetivo es asegurar el derecho a la manifestación sin perjudicar otros derechos fundamentales como la libre circulación, la salud y el abastecimiento.
"Para que los próximos conflictos, que ojalá no hayan conflictos sociales en este país, estén enmarcados en la preservación de los derechos humanos de que pueden protestar, pero no lastimar los derechos de los otros".
El Ministro también recordó los serios inconvenientes que causaron las protestas precedentes, mencionando que muchas ciudades quedaron sin oxígeno, alimentos, transporte y atención médica. Lamentó que varias personas que figuran en el informe de la OEA hayan perdido la vida en las carreteras durante esos días de movilización.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Oviedo reconoció un aumento en los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, lo que contradice los logros en la fase de interdicción. No obstante, resaltó que se han realizado importantes incautaciones, superando las 80 aeronaves vinculadas al tráfico de drogas, con pruebas que confirman su uso para el traslado de cocaína al extranjero.
Además, mencionó la desarticulación de numerosos laboratorios y la identificación de redes criminales que incluyen a extranjeros armados, procedentes de países como Colombia, Brasil y Paraguay.
Sobre la explosión en el cuartel Simón Bolívar, en Viacha, el ministro aclaró que las investigaciones se desarrollan bajo dos vías institucionales para evitar rumores infundados. Las Fuerzas Armadas han designado al general Héctor Alejandro Alarcón como portavoz para informar sobre el avance de las indagaciones, mientras que el Ministerio Público también está llevando a cabo diligencias legales pertinentes.
