Persisten las largas filas por combustible a dos meses del Estado de excepción
Dos meses han pasado desde que el presidente Rodrigo Paz decretó el Estado de excepción en Bolivia con el propósito de restablecer el flujo de alimentos, pasajeros y combustible en las carreteras. Sin embargo, hasta el 20 de agosto, las filas en las estaciones de servicio siguen siendo una realidad para los ciudadanos.
La situación de desabastecimiento comenzó en mayo, coincidiendo con el inicio de los bloqueos. En un principio, el Gobierno argumentaba que los bloqueos impedían que las cisternas llegaran a las plantas de YPFB. Tras el levantamiento de los mismos y la declaración del Estado de excepción, se prometió que la distribución de combustible se regularizaría en pocos días.
El 26 de junio, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó que la normalización se lograría para mediados de la semana siguiente. Sin embargo, cuando llegó la fecha, el vicepresidente nacional de operaciones, Hugo Blacud, estableció un nuevo plazo para finales de julio, sugiriendo que los problemas se resolverían de forma progresiva.
El 15 de agosto, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, ofreció disculpas por las filas de diésel, aunque evitó dar una nueva fecha para su resolución, aludiendo al riesgo de no cumplir sus promesas. Dos días después, justificó la eliminación del subsidio a grandes consumidores de diésel bajo el argumento de combatir el contrabando.
Los conductores de camiones y maquinaria pesada se ven obligados a esperar largas horas para conseguir combustible, lo que afecta su capacidad de trabajo y sustento. Adicionalmente, las bajas temperaturas de la región occidental del país agravan la situación.
Decreto Supremo 5676 y sus repercusiones
Ante el descontento general, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5676, que elimina el subsidio para los grandes consumidores de diésel, fijando un precio base de Bs 18, mientras que la población en general seguirá pagando Bs 9,80. Esta medida ha sido criticada por sectores productivos, quienes advierten sobre el impacto negativo en los precios de los productos de la canasta familiar y han comenzado a organizar movilizaciones.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) declaró emergencia por este nuevo decreto y convocó un congreso extraordinario de productores. Klaus Frerking, presidente de la CAO, calificó la decisión como "improvisada y discriminadora". Además, Ana Isabel Ortiz, dirigente de la Asociación de Arroceros, alertó que más del 50% de los productores no planean sembrar nuevamente, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Productores de San Julián también han exigido al Gobierno que abrogue el decreto en un plazo de 48 horas, amenazando con bloquear carreteras si no se toman en cuenta sus demandas. A pesar de las protestas, el ministro Blanco defendió la medida, argumentando que busca regularizar el suministro de diésel y eliminar las filas.
Finalmente, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que en tres días se normalizaría la distribución de gasolina, afirmando que no existe un mercado de especulación tan fuerte en ese sector.
