Presiones crecen para la renuncia del ministro Gabriel Espinoza por irregularidades en su declaración

Las acusaciones en contra del Ministro Gabriel Espinoza han cobrado fuerza, poniendo en jaque su permanencia en el cargo. Las denuncias incluyen la subvaluación en un documento de transferencia, la omisión de bienes en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, así como la presunta evasión fiscal. Estas acciones podrían implicar la comisión de varios delitos bajo la legislación boliviana.

Según el Código Penal, Espinoza podría enfrentar cargos por falsedad en su Declaración Jurada, específicamente bajo el Artículo 274, que sanciona a los funcionarios que omiten datos patrimoniales obligatorios. En este caso, se señala que el ministro no reportó un vehículo que poseía anteriormente y presentó un patrimonio que no refleja su realidad económica.

Además, se contempla la posibilidad de que haya incurrido en falsedad ideológica y uso de documentos falsificados, según los Artículos 199 y 203 del Código Penal. Esto se relaciona con la declaración de un precio muy por debajo del valor de mercado en un documento oficial de transferencia, alterando la veracidad del hecho que dicho documento debía demostrar.

Asimismo, se investiga su posible participación en delitos tributarios, incluyendo evasión y defraudación fiscal, bajo la Ley N° 2492. La venta de bienes a precios significativamente inferiores a su valor real podría interpretarse como un intento de eludir el pago de tributos pertinentes, afectando así los ingresos del Estado.

Por último, se están llevando a cabo indagaciones sobre enriquecimiento ilícito, conforme a la Ley N° 004. La adquisición de un vehículo de lujo por parte del ministro, cuyo costo supera considerablemente sus ingresos oficiales, ha activado mecanismos de control financiero, lo que podría llevar a la Unidad de Investigaciones Financieras a determinar el origen de los fondos.