Productores cañeros y mineros exigen la derogación del DS 5676
El sector cañero de Santa Cruz llevó a cabo una manifestación frente a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en protesta por el Decreto Supremo 5767. Esta movilización fue encabezada por el dirigente Óscar Alberto Peña, quien criticó la implementación de dos precios para el diésel, afirmando que dicha diferencia afecta desproporcionadamente a su sector y aumentará los costos de producción.
Los cañeros pidieron que se anule el decreto y solicitaron al Gobierno que se lleve a cabo un diálogo para crear una nueva regulación que contemple sus necesidades. Peña recordó que tras la eliminación previa de la subvención al diésel, la producción del sector cayó a la mitad de lo previsto debido al aumento en los costos de operación. Advirtió que las nuevas disposiciones podrían agravar la situación actual y repercutir negativamente en los precios de los productos en el mercado.
El dirigente también anunció que se convocará a una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se definirán nuevas acciones de protesta en contra del decreto y se buscarán soluciones para asegurar la continuidad de la producción en el sector.
Por otro lado, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) solicitó al Gobierno la derogación del Decreto Supremo 5676 y rechazó la propuesta de presentar alternativas ante esta nueva medida que establece un precio referencial inicial de 18 bolivianos por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).
"El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición". Estas fueron las palabras de Josué Caricari, presidente de Fencomin, en respuesta a las declaraciones del ministro de la Presidencia.
El DS 5676 fue emitido en medio de la crítica situación de escasez de combustibles, lo que ha generado largas filas en las estaciones de servicio. La normativa busca aliviar la carga fiscal que implica la importación de diésel por parte de YPFB, estableciendo un precio referencial que incluye costos de importación y tributos.
La medida establece un precio inicial de 18 bolivianos por litro para los Usuarios Directos y Gracos, mientras que los demás consumidores continuarán pagando 9,80 bolivianos, como lo señala el Decreto Supremo 5516. Además, se requiere que el Ministerio de Hidrocarburos apruebe la metodología para calcular el precio referencial.
Fencomin también manifestó su preocupación por estas decisiones tomadas por el Gobierno mediante decretos, señalando que el aumento en el precio del diésel tendrá un efecto negativo en el sector productivo, así como en trabajadores y familias. La organización se declaró en estado de emergencia y demandó la anulación del DS 5676.
