Gobernador y cívicos cruceños se oponen al 1% y luchan por el 50/50
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, han expresado su desacuerdo con la oferta del Gobierno de asignar solo el 1% de los ingresos de coparticipación tributaria a las gobernaciones, anunciando que se organizarán para luchar por una redistribución equitativa del 50/50.
Según Velasco, la cifra que recibiría Santa Cruz bajo la propuesta gubernamental sería de aproximadamente Bs 150 millones anuales, un monto que él considera insuficiente para cubrir las crecientes necesidades del departamento. Por ello, instó a los bolivianos a unirse a esta causa que busca devolver el poder y los recursos al pueblo.
La plata es de la gente, no de los políticos. Exigimos que se cumpla el acuerdo firmado y que el 50/50 comience de manera digna en 2027.
El gobernador también criticó el gasto de las empresas públicas deficitarias, que, a su juicio, destinan más de Bs 3.600 millones a salarios y otros gastos, mientras su administración ha logrado reducir el gasto corriente en un 30% y disminuir el déficit proyectado de Bs 360 millones a menos de Bs 150 millones.
Velasco subrayó que no se trata de pedir limosna, sino de exigir lo que legítimamente les corresponde. Enfatizó que los recursos deben estar al servicio de la población y no concentrados en el Gobierno central.
Por su parte, Stello Cochamanidis respaldó la postura del gobernador y anunció que el Comité pro Santa Cruz se unirá a las acciones para exigir el cumplimiento del 50/50, recordando que esta propuesta fue un compromiso de campaña del actual presidente Rodrigo Paz.
Cochamanidis hizo un llamado a otros departamentos del país para que se sumen a esta demanda y reafirmó que Santa Cruz defenderá su autonomía y buscará una mayor descentralización de los recursos públicos.
El rechazo de las autoridades cruceñas se produjo tras una reunión el 30 de octubre, donde el Gobierno propuso la asignación del 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones a partir de 2027, lo que generó discordia entre los gobernadores, quienes consideran que este porcentaje es insuficiente y demandan una mayor participación en los ingresos nacionales.
